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La cooperación cultural desde las instituciones se fundamenta sobre el principio que obliga a los estados a facilitar la participación en la vida cultural de los ciudadanos: la cultura como derecho. Un principio que profundiza sus raíces para ampliar el conocimiento y la reflexión, para generar la necesidad de un compromiso cotidiano y una implicación activa de las comunidades en el desarrollo amplio de las sociedades. En este sentido los estados no son productores sino facilitadores y renovar el concepto de la cooperación supone en primer lugar renovar el concepto de la gestión: avanzar de una gestión distributiva (en ocasiones reactiva)  a al gestión proactiva.

Porque la vida cultural camina por senderos que no puede estar dirigidos de modo exclusivo por departamentos, áreas, ministerios… que más bien convocan una cultura higienista carente de conflicto, compromiso y acciones constituyentes. En ello la cooperación no puede ceñirse a un intercambio de productos o de apoyos a la producción sino que debe orientarse hacia la ampliación de la visión conjuntista de las políticas de cultura viva. El acercamiento a la complejidad de la cultura como sistema. A la superación del esquema clásico de cooperador-cooperado se impone aquel otro que la nutre de conocimiento. Así pues, según los principios del Informe Pérez de Cuellar, la cooperación cultural debe trabajar para alcanzar la libertad cultural como acto colectivo, es decir, para satisfacer las necesidades de participación en la vida social plena. La creación simbólica. Y es evidente que estas necesidades no puede ser tipificadas ni normalizadas desde ningún estamento institucional, ni público ni privado, sino que deben alcanzarse desde una dimensión colectiva.

Porque la cultura va mucho más allá de la oferta que cualquier institución pueda generar, por muy activa y rica que sea, y esa complejidad es la que debe comprender de lleno cualquier propuesta actual de cooperación, es decir, integrarla en esos canales abiertos de los sistemas culturales globales. La cooperación cultural es más que nunca una inversión en energía y las instituciones públicas deben convertirse en el interface que la facilite. Una especie de equilibrio entre las posibilidades departamentales que las hacen funcionar en lo cotidiano y las estructuras sistémicas que las sostienen en lo ontológico. La lógica del sistema cultural contemporáneo entra en una especie de enfrentamiento abierto con las lógicas estructuralistas de las instituciones.

La cooperación se convierte así en parte fundamental del sistema, no de la estrategia. La cooperación es la acción en la complejidad. La canalización de las energías sociales. La contratendencia de mercado, la contratendencia estructural. Si se parte de pensar la cultura en términos de derecho la dimensión de la cooperación cambia radicalmente. Inteligencia colectiva. No puede haber cooperación sin una canalización de la cultura como concepto político.

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